INVERSIÓN EN I+D POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

 

En un artículo anterior publicado el 30 de Diciembre de 2008 reclamaba la necesidad de que España invierta una mayor cantidad de recursos económicos en investigación y desarrollo (I+D), si desea equipararse a los países de la Unión Europea y, sobre todo, si como parece imprescindible,  apuesta por una sociedad de conocimiento en vez del modelo basado exclusivamente en el turismo y en la especulación urbanística. En la tabla incluida -y que reproduzco de nuevo- se demostraba que la inversión española en I+D en % del PIB era claramente insuficiente. El citado artículo se refería al estado español en su conjunto. Al final del mismo me comprometía a analizar la cuestión desde la perspectiva de las comunidades autónomas. Para algunas consideraciones al respecto me he basado en un excelente estudio de Jordi Camí y colaboradores (Camí J, Suñen E, Carbó JM, Coma L. Producción científica española en biomedicina y ciencias de la salud (1994-2000). Informe del Instituto de Salud Carlos III – Fondo de Investigación Sanitaria. http://www.isciii-es/fis/mapa/index.htm), aparecido el año 2001).
Son interesantes los datos que nos informan acerca de los sectores institucionales implicados en la actividad investigadora en biomedicina. A este respecto se reconocen en España tres modelos fundamentales. El primer perfil en el que destaca Andalucía, se caracteriza por el gran peso de las Universidades. El segundo perfil estaría representado por Cataluña, en la que sobresale la investigación realizada en los Hospitales. A los dos perfiles citados se les pueden asimilar en mayor o menor grado las restantes CCAA, a excepción de la de Madrid, que representa como caso aislado, un tercer perfil, dado que muestra una importante concentración de algunos organismos públicos de investigación (OPI), fundamentalmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Este análisis nos permite señalar que la distribución de recursos destinados a la investigación no parece del todo equitativa en el ámbito estatal. A la misma conclusión se llega cuando se analiza el tanto por ciento del PIB que distintas CCAA dedican al I + D (tabla).

 

 Así, por ejemplo, en el año 2007, con una media estatal de 1,27%, se observó una gran dispersión que iba desde 0,20% en Ceuta-Melilla hasta 1,96% en Madrid (cercana a la media de la Unión Europea). Por otro lado cabe observar que tan sólo cuatro comunidades superan la media: Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña. En ello intervienen razones políticas, tales como la concentración de los OPI en la capital de España, y el régimen de conciertos en Navarra y País Vasco. La investigación no forma parte de las competencias de las CCAA, aunque estas transferencias hayan sido reclamadas -sin éxito- vía Tribunal Constitucional. Tan sólo el País Vasco ha conseguido recientemente la transferencia de I+D. He tenido el privilegio de conocer bastantes presidentes del CSIC. A uno de ellos le señalé hace años el hecho de la concentración excesiva de los centros de este organismo estatal en Madrid. Y me contestó todo ufano algo así: «Pues bajo mi presidencia se ha conseguido reducir su proporción al 50%», reconociendo implícitamente la citada concentración. Otro presidente intentó modificar la estructura del CSIC e implantar el modelo de la Sociedad Max Planck de Alemania, cuyos Instituos están siendo sufragados a medias por el Estado y los «Länder» (equivalentes a nuestras  CCAA).  Al ver que su iniciativa no iba a tener éxito, duró poco tiempo en su cargo. Considero que deberíamos imitar más la cultura norteamericana, donde las actividades de los «National Institutes of Health» (NIH) son mayoritariamente extramurales. En este sentido son dignas de elogio algunas iniciativas recientes del CSIC y del Instituto de Salud Carlos III, como es la creciente tendencia a la creación de Centros mixtos con las Universidades, la promoción de investigación en redes, la dotación de importantes ayudas de investigación post-MIR, el programa Ramón y Cajal, y otros. También cabe expresar una cierta esperanza respecto al dinámico equipo del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación que, a pesar de las difíciles circunstancias económicas, está dando muestras de actuar en dirección adecuada. En este sentido me parece digno de elogio el que dicho ministerio promueva convenios con las autonomías para el Programa Campus de Excelencia Internacional, destinados a mejorar la capacidad investigadora de la Universidades Españolas.